La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este miércoles que el Gobierno federal mantiene una postura firme en contra de la pena de muerte, sin excepción por la naturaleza del delito o la persona involucrada. La declaración ocurre en el contexto de las recientes decisiones judiciales en Estados Unidos, donde se determinó no solicitar la pena capital contra los presuntos narcotraficantes mexicanos Ismael «el Mayo» Zambada y Rafael Caro Quintero.
Durante una rueda de prensa, la líder destacó que esta postura se basa en una firme convicción legal y moral presente en las leyes de México. “El tipo de delito no es relevante. No estamos de acuerdo”, afirmó, subrayando que esta perspectiva pertenece a la política del país, no a una opinión individual.
Estados Unidos rechaza implementar la pena de muerte
La decisión de la Fiscalía estadounidense fue comunicada a la Corte del Distrito Este de Nueva York. En documentos oficiales, el fiscal a cargo notificó a los jueces y a las respectivas defensas que la Fiscalía General de ese país ha ordenado no buscar la pena de muerte en los casos de ambos acusados. Esta determinación zanja semanas de especulación en torno a si se aplicaría o no esta medida extrema, especialmente dado el perfil de los acusados y la gravedad de los cargos que enfrentan.
Zambada y Caro Quintero han afirmado su inocencia en los juzgados de Estados Unidos. Zambada tiene 17 imputaciones, entre ellas tráfico de estupefacientes, blanqueo de capitales y posesión de armas. Por otro lado, Caro Quintero es acusado de narcotráfico y del asesinato del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena, que tuvo lugar en 1985.
Procedimiento de traslado sin extradición oficial
Ambos acusados se encuentran bajo custodia en Estados Unidos, pero sin haber sido extraditados formalmente a través del tratado vigente entre ambas naciones. Zambada fue arrestado en Texas el 25 de julio del año pasado, tras ser supuestamente engañado para abordar un vuelo a territorio estadounidense. En septiembre se presentó ante el tribunal y se declaró inocente.
En el contexto de Caro Quintero, su transferencia se dio en febrero, junto a otros 28 supuestos criminales. La operación fue llevada a cabo por el Gobierno de México amparándose en una norma de la ley de seguridad nacional, que autoriza expulsiones sin necesidad de un proceso formal de extradición. Este mecanismo despertó inquietudes sobre la posibilidad de que la pena capital pudiera ser ejecutada sin el requisito legal que prohíbe a México extraditar a ciudadanos a naciones donde podrían afrontar este tipo de sanción.
Fundamento de reciprocidad y respeto hacia acuerdos internacionales
Sheinbaum recordó que, en los acuerdos internacionales que regulan la extradición de ciudadanos mexicanos, uno de los requisitos es que no se les imponga la pena capital en el país receptor. Este principio de reciprocidad se ha mantenido constante en la política exterior mexicana, respaldado por la Constitución y tratados multilaterales.
El posicionamiento del Gobierno no solo responde a un principio legal, sino también a una visión de derechos humanos ampliamente aceptada dentro del marco jurídico nacional. México ha abolido la pena de muerte desde hace décadas, y su legislación impide colaborar con procedimientos que podrían derivar en su aplicación.
Consecuencias diplomáticas y legales
La decisión de Estados Unidos de respetar esta línea en los casos de alto perfil como los de Zambada y Caro Quintero refuerza los compromisos bilaterales en materia de cooperación judicial. Aunque ambos casos continúan en curso, la exclusión de la pena de muerte despeja un punto de tensión que pudo haber tenido implicaciones diplomáticas entre los dos países.
Con este precedente, se consolidan mecanismos de entendimiento entre autoridades mexicanas y estadounidenses en el tratamiento de delitos trasnacionales, en especial aquellos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. La posición de México marca un límite claro respecto a su participación en procesos judiciales internacionales, asegurando que sus ciudadanos, sin importar el delito, sean tratados bajo estándares compatibles con sus leyes y valores constitucionales.
Panorama judicial en evolución
Ambos asuntos siguen captando interés en la escena pública y legal. La observación de los procedimientos judiciales en Estados Unidos definirá el desarrollo de las imputaciones y las posibles sanciones, mientras que en México persiste el compromiso de asegurar el respeto a los principios legales que guían su política exterior.
La negación categórica de la pena capital por parte del Gobierno mexicano se mantiene firme como una política de Estado, al margen de la presión de los medios de comunicación, la severidad de los crímenes o el historial de los imputados. La consistencia en esta actitud fortalece el compromiso de México con un sistema judicial enfocado en los derechos humanos, aun en los casos más complejos.
